Finalmente el Gobierno Nacional autorizo a la Ciudad de Buenos Aires a utilizar las 60 pistolas que fueron compradas por la administración porteña hace dos años. La demora no tuvo justificaciones técnicas que como otra que la muerte de otro agente del orden puso de relieve que los policías deberían contar, para su seguridad y la de los particulares, un arma no letal pero de fuerte impacto.
Cabe señalar que las pistolas Taser, de alto voltaje y bajo amperaje, son usadas como parte del armamento de las fuerzas de seguridad en muchos países del mundo. Esta arma de defensa policial fue aceptada y es usada hace años en países europeos y en algunas provincias de los Estados Unidos.
Se trata de un arma no letal, de exclusivo uso por parte de las fuerzas de seguridad, basada en el empleo de descargas eléctricas que, al ser disparadas, primero inmovilizan y, en una segunda descarga, paralizan a los eventuales atacantes.
Lo concreto en nuestro país es que, después de más de dos años de ásperas polémicas causadas por el uso o no de tales pistolas no letales, ya que desde varios sectores se las considera como peligrosas y nocivas para la salud de las personas, la controversia volvió a presentarse a partir del reciente asesinato de la policía porteña Maribel Nélida Salazar en el subte. Confirmando que como se había concebido en ocasión del asesinato de otro agente del orden es indispensable que los policías cuenten con armas no letales aunque de fuerte impacto en los agresores.
Tal como se dijo, el empleo de estas armas fue defendido por el actual ministro de Seguridad de la Nación, que confirmó a fines del mes pasado la compra de 100 de estas pistolas para ser usadas por grupos especiales de las fuerzas federales del país.
En cuanto al distrito porteño, fuentes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -organismo nacional cuyo cometido es el de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego y otros materiales, así como impulsar políticas de desarme de la sociedad civil- confirmaron que la repartición autorizó la importación de las Taser y añadieron que “el uso que se haga del material” por parte de las fuerzas de seguridad porteñas “ya no depende del organismo nacional”.
El funcionamiento de las Taser se inicia con un disparo en el que lanza un par de alambras que se enganchan en la ropa de la persona enfrentada por la policía. Esto sirve como una suerte de advertencia, ya que si el hombre se resiste se realiza un segundo disparo que acciona la descarga eléctrica. Junto a este segundo disparo, la Taser libera una gran cantidad de papelitos que identifica a la pistola que realizó el disparo, además de que queda grabado su empleo en registros interiores.
Como se dijo estos días en un diario de España, en donde estas armas han sido aceptadas en muchas de las regiones de la Península, “la gran ventaja de la Taser, puede terminar siendo también su gran desventaja”.
Según los expertos, otra cualidad de las Taser es que permiten que el policía se defienda sin necesidad de acercarse al delincuente, evitándose así las situaciones de cuerpo a cuerpo.
Además, se toma en cuenta que es necesario realizar dos disparos para liberar la carga eléctrica, de modo que el presunto delincuente o atacante, si se queda quieto y no opone resistencia, no hará falta efectuar la descarga eléctrica.
En un contexto de extrema inseguridad, con numerosos casos de policías abatidos por la delincuencia y, del otro lado, por episodios de “gatillo fácil” -por el uso y abuso de armas de fuego- no parece inoportuno en estos días dotar a los agentes policiales con este tipo de armamento moderno y efectivo.
A nadie escapa que la delincuencia cuenta cada día más con recursos y armas mucho más poderosas que las que disponen las fuerzas de seguridad, de modo que la autorización legal para el uso de las pistolas Taser en la Argentina puede convertirse -de no registrarse abusos y desbordes en su empleo- en un paso positivo para el restablecimiento de la autoridad policial.
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